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Altagracia Salazar
La apreciación del peso frente al dólar es una bendición que nadie en el gobierno se cansa de repetir, y ya andan revisando hacia arriba los números de crecimiento, como quien le sube el volumen a una canción que le sale bien.

La semanal de ayer fue un espectáculo bien ensayado: el ministro de Obras Públicas, con tono de maestro paciente, explicó obras de interés nacional y local y prometió que el 80% de los proyectos de infraestructura estará terminado antes de que se acabe la gestión de Abinader. Todo muy bonito, todo muy oportuno, y todo diseñado para blindar la imagen del presidente y su partido, que si bien no tiene un candidato que deslumbre, tampoco necesita deslumbrar mucho: la oposición está peor.

Visto así, el panorama es color de rosa. O si no exactamente rosa, al menos tiene pocos hándicaps electorales, porque el dominicano promedio sigue siendo conmovedoramente sensible al cemento y al asfalto. Que te toque viajar de Montecristi a Punta Cana esquivando huecos y sin un semáforo decente en el camino, o que el transporte masivo te duplique el tiempo de viaje, sigue pesando más que cualquier informe macroeconómico.
Pero si yo fuera oposición —que no lo soy, por suerte para ellos— me montaría en el único carro que todavía tiene gasolina: la transparencia. Ese fue el motor que llevó al PRM al poder, y es precisamente el lujo que este gobierno no se puede dar el gusto de perder: la sospecha de que oculta, o quiere ocultar, actos de corrupción.
Y hoy, como quien no quiere la cosa, aparecen dos noticias que no combinan nada bien. Por un lado, la doctora Milagros Ortiz Bosch asegura que el 93% de las entidades públicas cumple con sus portales de transparencia. Por otro, Diario Libre revela que la Contraloría General de la República —la misma que debería dar el ejemplo— sencillamente no publica las auditorías que realiza.
Esa es la noticia del día, la que de verdad importa, por sus implicaciones políticas e institucionales. La Contraloría decidió no publicar sus auditorías y se ampara en que la ley no la obliga. De 390 auditorías realizadas entre 2023 y 2025, apenas 38 están disponibles al público, y solo tres corresponden a 2026. Ese no es un detalle técnico: es un retroceso flagrante respecto al compromiso inicial de transparencia con el que Abinader llegó al poder.
El contralor se ampara en la letra de la ley. Yo me pregunto otra cosa: si todo estuviera en orden, ¿qué necesidad habría de esconderlo? Alguien en su equipo de comunicación debería decirle, con toda franqueza, que no hay nada que huela peor que el silencio. Porque si todo anda bien, contralor, ¿por qué ocultarlo?¿qué está encontrando la Contraloría en el manejo del dinero público que permanece fuera del conocimiento ciudadano?