República Dominicana.–Tal como se esperaba, el presidente Abinader remeneó ayer la mata de la administración pública y todo indica que el terremoto continuará hoy.

A quienes están pendientes de saber si les llegó la hora del ascenso, del traslado o simplemente del regreso a la nómina, les recomiendo mantenerse atentos al canal de WhatsApp del presidente, que es donde aparecen los decretos. Por cierto, ayer ese canal ganó unos tres mil seguidores. La política también tiene sus formas modernas de hacer fila.
Para la mayoría de los ciudadanos, los cambios en la administración pública tienen poco interés directo. La vida de la gente no depende de quién ocupa tal o cual despacho, aunque sí depende de las decisiones que se toman allí. Pero para quienes viven o aspiran a vivir de la teta pública, la cosa cambia. Un decreto puede significar un salario, un cargo, una influencia o, sencillamente, la confirmación de que todavía hay leche para algunos.
Por eso hoy será un día de expectativas para muchos. Pero mientras unos esperan que los nombren, otros deberíamos estar pendientes de algo bastante más importante: hoy la justicia dominicana se enfrenta al espejo y tendrá que decirnos qué tanto ha cambiado.
Desde 1994, cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, hemos acumulado reformas, nuevos códigos, nuevas instituciones y muchas promesas de modernización. Quienes tenemos suficientes años en los medios recordamos aquella justicia en la que se decía —y no precisamente en voz baja— que algunas sentencias se escribían o se decidían en determinados despachos antes de llegar a los tribunales.
Después cambiaron los códigos, primero el procesal y luego el penal, y llegaron garantías que hoy parecen elementales. Una de ellas es que una persona debe ser juzgada en libertad mientras no exista una condena, algo que durante décadas pareció un privilegio reservado a quienes tenían dinero para conseguirlo.
Porque ahí está el detalle que todavía nadie ha resuelto: el 70 % de los presos dominicanos son preventivos y entre ellos, casualmente, no abundan los ricos.
El caso Medusa, contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros 14 acusados, coloca nuevamente a la justicia ante una prueba que va mucho más allá de sus protagonistas. El Segundo Tribunal Colegiado debe decidir si declara extinguida la acción penal por el tiempo transcurrido. La defensa sostiene que el proceso superó el plazo máximo de cuatro años establecido por la ley; el Ministerio Público entiende lo contrario y quiere que el juicio continúe por acusaciones que incluyen desfalco, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos por más de RD$6,000 millones.
El problema es que este expediente lleva años caminando a paso de procesión. Recusaciones, incidentes, problemas de convocatoria, suspensiones y casi un centenar de audiencias aplazadas han convertido el proceso en una prueba de resistencia. A eso se suma una acusación de más de 12,000 páginas cuya lectura consumió meses. Anyeli Moreno hizo el ejercicio de organizar las suspensiones y el resultado permite seguir una cadena de aplazamientos que comenzó prácticamente con las tres recusaciones presentadas por la defensa del exprocurador.
Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿se ha estado litigando para demostrar inocencia o para llegar vivo procesalmente hasta la fecha de hoy?
Porque Jean Alain Rodríguez no parece haber apostado su defensa a desmontar públicamente la acusación y demostrar su inocencia. Desde el primer día, la estrategia ha tenido también un objetivo perfectamente legítimo: que el calendario haga el trabajo que no haga el tribunal.
El Colegio de Abogados y la defensa cuestionan la duración del proceso y reclaman el respeto al debido proceso. Participación Ciudadana, por su parte, advierte que tantos retrasos pueden terminar debilitando la confianza en la justicia y abriendo una puerta peligrosísima: que la impunidad no llegue por una sentencia absolutoria, sino porque sencillamente se acabó el tiempo.
Por eso, quienes en estos días han escrito sobre la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura deberían mirar con atención lo que ocurre hoy. Porque más allá de los decretos, los cargos, los nombramientos y las mudanzas de despacho, hoy la justicia dominicana tiene una cita consigo misma.
Y habrá que ver si después de 32 años de reformas finalmente aprendió a tratar igual al que llega con abogado de oficio y al que llega con una batería de abogados.
Porque una justicia que funciona para el pobre y encuentra todas las garantías para el rico no es una justicia moderna.
Es la misma justicia de siempre, pero con códigos nuevos.