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Altagracia Salazar
Cuatro meses después de que venciera el período de once jueces de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Luis Abinader por fin decidió mover una ficha y convocó al Consejo Nacional de la Magistratura. El próximo lunes comenzará la discusión metodológica para una evaluación que debió iniciarse hace meses.

Nadie ha explicado el silencio presidencial durante todo este tiempo, un vacío que fue aprovechado por más de un bergante que actuó como si la reelección del actual presidente de la Suprema fuera un hecho consumado.
No sé si el comentario que hicimos aquí el lunes llegó al Palacio Nacional o si fueron muchas las voces que advirtieron el peligro de ese limbo institucional. Lo cierto es que la convocatoria llegó y eso, de entrada, desmonta la idea de que había un camino trazado de antemano.
Ahora se abren todas las posibilidades, como decía aquel viejo anuncio del banco. Pero, sobre todo, se le pone freno a una campaña de autopromoción pocas veces vista. Basta revisar el Listín Diario: cada dos o tres días aparece una nota, una entrevista, una actividad o una declaración vinculada al presidente de la Suprema. Quien crea que semejante frecuencia es fruto de la casualidad también cree que las matas de plátano dan tarjetas de crédito. No hace falta un doctorado en comunicación política para entender que esas cosas se planifican.
Y tampoco son casuales los emisarios que, desde hace semanas, visitan a posibles candidatos y candidatas ofreciendo respaldos, repartiendo promesas y tanteando voluntades. Cuando aparecen tantos «amigos desinteresados», es porque alguien está haciendo política judicial.
A Abinader le quedan apenas dos años de gobierno. Son los dos años que definirán cómo será recordado. Hasta ahora el país ha recibido reconocimiento internacional por los esfuerzos contra la corrupción, pero esa lucha no termina con un Ministerio Público independiente. Sin jueces confiables, los expedientes terminan convertidos en papeles viejos y los discursos en simples consignas.
Nunca la justicia había estado tan expuesta al escrutinio público. Están pendientes los grandes expedientes de corrupción administrativa y también decisiones incomprensibles para el ciudadano común. Ahí están la condena con perdón a Wander Franco y el trato privilegiado que mantiene en libertad al exembajador Donni Cruz, condenado por incesto. Casos que erosionan la confianza de cualquiera.
La decisión que tome Abinader con la Suprema Corte será mucho más importante que un simple relevo de jueces. Será la prueba de si quiere dejar un sistema judicial verdaderamente independiente o si prefiere mirar hacia otro lado mientras otros intentan repartirse el poder. La historia, esa que no acepta comunicados de prensa, terminará dictando el veredicto.