República Dominicana.–Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional repartieron 171 años de prisión entre generales, coroneles, oficiales de distintos rangos, una pastora y una gerente bancaria en el caso Coral y Coral 5G. Después de años escuchando que el honor militar era una reserva moral de la patria, resulta que algunos habían encontrado una manera bastante rentable de servir a la nación: servirla en bandeja y cobrarse la comisión.

La sentencia todavía no es definitiva, pero ya tiene un valor histórico. No todos los días un tribunal dominicano concluye que detrás de los galones había una estructura diseñada para ordeñar fondos públicos. Desde los tiempos en que Trujillo confundía el Estado con su finca personal, la relación entre uniforme y privilegio ha sido una tradición demasiado persistente. Trujillo pasó de cuatrero con uniforme a dueño del país.
Adán Cáceres, José Manuel Núñez y Juan Carlos Torres Robiou recibieron 20 años cada uno. Camilo Viola y la pastora Rossy Guzmán fueron condenados a 15 años. Otros oficiales y la gerente bancaria recibieron penas de 10 años, mientras que Raúl Alejandro Girón obtuvo cinco años y pena cumplida tras convertirse en pieza clave del proceso. La cuenta final incluye además la devolución de bienes valorados en alrededor de cinco mil millones de pesos, una cifra que ayuda a entender por qué tanta gente se aferró al expediente con uñas, dientes y recursos.
Un abogado me decía anoche que este era probablemente el caso de corrupción más fácil de demostrar de los grandes expedientes abiertos en los últimos años. Y quizás ahí está el problema: si el mecanismo era tan simple, cabe preguntarse cuántos esquemas parecidos han funcionado durante décadas sin que nadie los molestara demasiado.
La sentencia también manda un mensaje incómodo. En República Dominicana ocupar un cargo público ha sido, para demasiados funcionarios, una oportunidad de negocios más que una responsabilidad. Durante años se asumió que ciertas cercanías con el poder equivalían a una póliza de impunidad. Ayer un tribunal dijo que no siempre.
Para quienes todavía creen que la administración pública debe parecerse más a un servicio que a una caja registradora, la decisión ofrece algo de alivio. Ahora falta ver qué ocurre con los expedientes más complejos y políticamente sensibles. Porque si el caso Coral era el más sencillo de los grandes procesos de corrupción, los verdaderos exámenes apenas comienzan. Y viendo el ritmo de la justicia dominicana, es posible que cuando termine el juicio de Jean Alain Rodríguez algunos de nosotros necesitemos pensión, bastón y mucha paciencia.