La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que los documentos digitales y mensajes de datos admitidos como medios de prueba tienen la misma fuerza probatoria que los actos bajo firma privada, en virtud de la aplicación de la Ley núm. 120-02, del 4 de septiembre del 2002. (Seguir leyendo…)
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