Altagracia Salazar
El presidente volvió ayer a decirles a los llamados antisociales que tienen cuentas pendientes con la justicia que se entreguen porque la Policía los está buscando. Como consigna, suena estupendamente bien, casi como esas frases que funcionan muy bien frente a un micrófono.

El pequeño detalle es que la propia Policía acaba de revelar que tiene 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas. Y entonces aparece la pregunta incómoda: ¿qué pasaría si mañana todos deciden hacerle caso al presidente
orque una cosa es decir “entréguense” y otra muy distinta es tener un sistema capaz de recibirlos, procesarlos y mantenerlos bajo custodia. Y aquí aparece el tamaño del problema que hemos preferido administrar a fuerza de consignas. De esas órdenes, 17,635 corresponden a violencia intrafamiliar, 11,587 a robos, 5,951 a agresiones físicas y 2,681 a homicidios
La mentada reforma policial tampoco ha sido precisamente un rayo. Después de meses de estudio, el proyecto que avanzó en el Senado terminó perimido y ahora el Congreso ha tenido que volver a comenzar el proceso con tres iniciativas en discusión. Es decir, mientras la Policía acumula órdenes de arresto, el Congreso acumula proyectos de reforma.
Y el problema no es solamente cuántos policías tenemos. Es qué Policía tenemos y con qué herramientas trabaja. Si decenas de miles de órdenes permanecen pendientes, la pregunta inevitable es cuánto tiempo puede funcionar una sociedad en la que una orden judicial de arresto puede convertirse en un papel que espera pacientemente su turno.
La discusión debería ser todavía más incómoda: ¿cuánto cuesta realmente perseguir a 50 mil personas y cuánto cuesta no hacerlo? Porque cada orden sin ejecutar es también una señal de que el Estado puede dictar una decisión judicial y luego quedarse esperando que alguien tenga tiempo, vehículos, tecnología y personal para cumplirla.
Y mientras tanto seguimos hablando de reforma policial como si reformar una institución fuera cambiarle el uniforme, comprar unos vehículos y anunciar una nueva campaña. El Senado aprobó en julio modificaciones a la Ley 590-16 que incluyen profesionalización, controles sobre el uso de la fuerza y otras transformaciones institucionales, pero el trámite legislativo volvió a empezar de spués de que la iniciativa anterior caducara.
Hay además un dato que debería preocuparnos mucho más que el discurso presidencial: la propia Policía reconoce que solo una pequeña parte de los prófugos aparece en su plataforma pública; alrededor del 95 % de las órdenes corresponde a personas buscadas, mientras apenas cerca del 1 % llega a la categoría de “los más buscados”.
Así que sí, que se entreguen. Pero después habrá que hacer algo mucho más difícil que pronunciárselo en televisión: procesarlos, juzgarlos y garantizar que el sistema tenga capacidad para hacerlo. Porque si el Estado necesita que 50 mil personas se entreguen para descubrir que no tiene cómo manejar semejante volumen, entonces el problema no son solamente los prófugos. También es el Estado que lleva años buscándolos