Altagracia Salazar
En una ocasión, mientras trabajaba para un grupo corporativo, se discutía una nueva normativa sobre importaciones. Uno de los miembros propuso contratar a un economista para buscar la manera de saltarse las nuevas reglas. Su argumento era una joya del ingenio interesado: no hay ley que no tenga un hueco. En buen dominicano, si la norma estorba, busquemos por dónde colarnos.

Aunque yo era una simple empleada, me atreví a decir que eso no funcionaría. Hay regulaciones que nacen de acuerdos transnacionales y no se pueden modificar a capricho porque incomoden a determinados intereses. Hasta donde sé, aquella organización terminó “invirtiendo” millones para intentar cambiar la normativa que prohíbe importar vehículos usados de más de cinco años. Yo dejé de colaborar con el grupo y, por lo que entiendo, la norma sigue ahí, resistiendo los embates de quienes confundían sus intereses comerciales con el interés general.

Pero una cosa son los empresarios y otra muy distinta los políticos. Los empresarios buscan huecos en la ley; los políticos tienen una ventaja extraordinaria: pueden cambiarla. Y si la Constitución se interpone en el camino de sus ambiciones, basta con conseguir los votos necesarios y presentar la modificación como una gran contribución al futuro nacional. En República Dominicana, ese futuro suele coincidir sospechosamente con las aspiraciones del gobernante de turno.

Desde 1994, cuando la crisis política provocada por el fraude electoral contra José Francisco Peña Gómez desembocó en una profunda reforma constitucional, hemos visto desfilar las ambiciones presidenciales por el texto de nuestra ley fundamental. Hipólito Mejía impulsó la reforma de 2002 para volver a aspirar; Leonel Fernández promovió la de 2010, que abrió el camino a su regreso; Danilo Medina consiguió la de 2015 para buscar la reelección, y Luis Abinader impulsó la más reciente para establecer su famoso candado. Cada cual tuvo su argumento y su justificación. ¡Qué casualidad que tantas necesidades nacionales terminen resolviéndose alrededor de la candidatura presidencial!

La Constitución de 2010 también estableció disposiciones sobre ordenamiento territorial y la necesidad de evitar la fragmentación desordenada del país. Tiene sentido: somos una nación pequeña, donde las distancias no justifican convertir cada aspiración política en una nueva demarcación. Hay un viejo chiste sobre Hitler tomando a República Dominicana con un alfiler, después de que Trujillo tuviera la ocurrencia de declararle la guerra a Alemania. Pues parece que nuestros políticos han decidido que, si el país es tan pequeño, lo mejor es picarlo en pedacitos para que alcance para todos.

Hoy tenemos 32 provincias, 158 municipios y 235 distritos municipales, además de 1,206 secciones rurales. Y todavía hay proyectos para elevar las provincias a 34 y continuar multiplicando municipios y distritos municipales. Las iniciativas descansan en las comisiones del Congreso, esa institución donde las leyes pueden avanzar o detenerse según las prioridades de quienes tienen los votos. La planificación y la eficiencia administrativa pueden esperar; las propuestas que prometen nuevas posiciones de poder siempre encuentran quien les preste atención.

En San Juan se habla de dividir la provincia, mientras también se promueve la división de la provincia Santo Domingo. Detrás de esas iniciativas aparecen cálculos sobre la representación senatorial y las posibilidades de controlar espacios políticos. El problema es que crear una provincia no equivale a crear desarrollo, del mismo modo que multiplicar municipios no garantiza mejores servicios. Pero una nueva demarcación puede abrir la puerta a cargos, presupuestos y redes de lealtades. Ahí es donde el clientelismo encuentra terreno fértil: cada división administrativa puede convertirse en una oportunidad para repartir poder con dinero público.

Al final, quienes deberían garantizar el cumplimiento de las normas son también quienes pueden modificarlas cuando les conviene. La Constitución se reforma, el mapa se redibuja y las instituciones se multiplican, mientras el ciudadano sigue esperando que le resuelvan los problemas de siempre. Si la planificación recomienda evitar la fragmentación territorial, pero las aspiraciones particulares empujan en sentido contrario, ya sabemos quién corre el riesgo de salir perdiendo. En este paisito parece que la solución a cualquier problema político consiste en dividir algo: la Constitución, el territorio o el presupuesto. Lo importante es que nunca falte un pedazo que repartir.

About Percha

Percha es la firma de Rafael Vásquez, director editorial de Remolacha.net, uno de los blogs de noticias más antiguos de República Dominicana (desde 2005). Lleva 20 años cubriendo la actualidad, la farándula y los videos que el dominicano comenta — aquí y en la diáspora.