Altagracia Salazar
Dos jóvenes del barrio Camboya, en Barahona, Manuel Ezequiel y Yorbi Manuel Pérez Pérez, dicen que intentaron entregarse a las autoridades porque supuestamente son buscados por su relación con varios robos y atracos. El pequeño detalle es que, según ellos, nadie quiso recibirlos: ni la Fiscalía ni la Dicrim. Acompañados de familiares y abogados, niegan las acusaciones y también rechazan haber disparado desde un vehículo en movimiento.

Como si la escena no fuera suficientemente absurda, en la Dicrim —siempre según su versión— les habrían dicho que para entregarse tenían que llevar unas armas de fuego que estarían vinculadas al caso. Como ellos dicen no tenerlas, terminaron buscando refugio y mediación en una iglesia. Uno pensaría que cuando alguien llega acompañado de un abogado a decir “aquí estoy”, la respuesta de una Policía profesional debería ser bastante sencilla: “Pase, vamos a investigar”. Pero parece que en Barahona el procedimiento tiene otras reglas.
Es probable que Manuel y Yorbi no sean precisamente rezadores. Pero es casi seguro que oyen las noticias. Y saben que en las últimas semanas la Policía marcha a un ritmo de dos muertos por día, según las informaciones que se han venido publicando, mientras el presidente ha reclamado en dos ocasiones recientes que los responsables de hechos criminales se entreguen: primero en el caso Serrallés y ahora, tras la muerte de la esposa de Julián Oro Duro, nuevamente.
Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿para qué pedir que los delincuentes se entreguen si cuando algunos dicen que quieren hacerlo la respuesta es que primero aparezcan con las armas?
Porque las palabras y los hechos empiezan a contar una historia diferente. Mientras se hablaba de reforma policial, profesionalización y respeto a los derechos humanos, parece que resurgen prácticas que creíamos destinadas al museo de los malos recuerdos: primero se mata y después se pregunta.
En las últimas semanas se han reportado muertes de supuestos antisociales en Higüey, Santiago, Barahona, Salcedo, San Pedro de Macorís y, por supuesto, el Gran Santo Domingo. La noticia anda por las cuatro esquinas. Y es perfectamente posible que Manuel y Yorbi, que son del barrio Camboya, hayan decidido que no quieren convertirse en estadísticas.
Una que ha visto demasiadas películas y ha leído demasiadas novelas policiales sigue esperando que algún día la Policía dominicana funcione como esas policías de ficción que intentan capturar vivos a los delincuentes. No por sentimentalismo, sino porque un delincuente vivo habla. Cuenta quién lo contrató, quién le pagó, quién le consiguió las armas, quién organiza los golpes y quién está detrás de la operación.
Porque en las películas, hasta los rateros y los bigañuelos suelen trabajar para alguien más importante. Y ahí es donde la investigación se pone interesante.
Lo que estoy diciendo hoy lo he dicho tantas veces que ya parece un soliloquio. Hablo para mí misma, mientras la realidad se empeña en repetir el mismo libreto.
Y hay algo todavía más preocupante: existen dos generaciones de dominicanos que probablemente no saben que este país ya vivió dos llamadas “operaciones limpieza”. No lo saben porque quienes participaron en aquellas matanzas no necesariamente pagaron por ellas y algunos de los responsables terminaron permaneciendo en el poder.
La historia tiene esa mala costumbre de repetirse cuando nadie se ocupa de contarla.
Y si hoy volvemos a hablar de “operaciones limpieza”, la pregunta no es solamente cuántos supuestos delincuentes han muerto. La pregunta es si estamos viendo regresar una vieja manera de entender la seguridad: primero eliminar al sospechoso y después, si queda alguien para preguntar, averiguar qué pasó.