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Altagracia Salazar
Puede parecer que los 41 millones de pesos identificados por el Ministerio Público en una de las líneas del caso SENASA son una minucia frente a los más de 15,900 millones atribuidos a la investigación general de Cobra. Y es probable que ya haya quienes estén haciendo cuentas de supermercado con el dinero robado, como si estuviéramos hablando de una simple travesura administrativa.

Pero aquí hay una pregunta que no se resuelve con una calculadora: ¿cuántas personas pudieron morir, empeorar o quedarse sin atención médica por la angurria de unos delincuentes disfrazados de funcionarios, médicos y empresarios?
Porque esos RD$41,125,551.02 no son una cifra caída del cielo. El Ministerio Público ha identificado 4,363 autorizaciones fraudulentas, presuntamente gestionadas por una estructura integrada por empleados y exempleados de SeNaSa, médicos y particulares.
Y conviene aclararlo: esos 41 millones no representan todo el dinero involucrado en SeNaSa 2.0. Son una cuantificación específica dentro de una investigación mucho más amplia. No confundamos una modalidad del robo con el robo completo.
El expediente describe, además, un catálogo que parece escrito por un comité de especialistas en cómo saquear un seguro de salud: sobornos, doble facturación, cobros por servicios no realizados, medicamentos que no se suministraron, sellos médicos falsificados y adulteración de estados financieros.
Es decir, no estamos hablando únicamente de gente que encontró un atajo para cobrar una factura. Estamos hablando de prácticas que, de comprobarse, pudieron comprometer recursos destinados a atender enfermos. Y cuando el dinero de la salud se convierte en botín, el daño no se queda en las cuentas bancarias: puede terminar en una sala de hospital, en una familia desesperada o en un paciente que no recibió a tiempo lo que necesitaba.
La investigación también apunta al manejo de medicamentos. Se indagan presuntas ventas de donaciones, restricciones a entregas gratuitas, tratamientos incompletos y operaciones mediante exoneraciones fiscales. Esta línea está relacionada con la llamada Operación Onco14, vinculada al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Porque, si hay algo particularmente miserable en este tipo de denuncias, es que hasta los medicamentos destinados a personas con cáncer puedan terminar convertidos en mercancía para el negocio de unos cuantos.
Y como si todo esto no fuera suficiente, el Ministerio Público investiga también presuntos sabotajes digitales y robo de archivos. No solo se estaría examinando cómo se autorizaban y pagaban los servicios, sino también cómo se manejaba la información y si alguien intentó borrar las huellas de las operaciones.
El magistrado Wilson Camacho ha dejado abierta la posibilidad de que el rancho siga ardiendo con una eventual Cobra 3.0. Y, a juzgar por la amplitud de las líneas investigadas, el problema podría ser mucho más profundo que un grupo de personas aprovechándose de una institución.
Lo que se perfila es la posible existencia de varias estructuras que encontraron en SeNaSa una fuente de dinero público y se dedicaron a inventar maneras de sacarlo. Cada una con su negocio, su método y, aparentemente, muy poca preocupación por las consecuencias.
Ahora habrá quienes digan que 41 millones no son nada frente a 15,900 millones. Pero el dinero destinado a la salud no se mide solamente en pesos. Se mide también en tratamientos, en oportunidades perdidas y en vidas que pudieron depender de esos recursos.
Les compartiré la medida de coerción en el canal de WhatsApp para que hagan su propio juicio. Yo, por mi parte, me quedo con una pregunta:
¿Hasta dónde puede llegar la ambición cuando el negocio consiste en lucrarse con la enfermedad ajena?