
El incumplimiento de una sentencia provocó que la Policía Nacional (PN) tenga que pagarle a una viuda la suma de 2,845,000 pesos. Lo irónico es que la decisión que no fue ejecutada por la institución surgió precisamente por no cumplir una sanción económica previa, en favor de la misma mujer. El Tribunal Constitucional (TC) acogió la solicitud de liquidación de una astreinte realizada por Dulce María Lora Solís. El objeto del recurso era que el cuerpo del orden cumpliera con una decisión anterior del alto tribunal que la beneficiaba con 3,610,000 pesos. (Seguir leyendo…)





















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