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Altagracia Salazar
Con demasiada frecuencia repito que este país avanza a pesar de sí mismo, y lo más irritante es que la realidad insiste en darme la razón.

Ayer, cuando compartí el audio del presidente del comité por el agua y la vida de la zona norte de San Juan, hice algo casi subversivo en estos tiempos: ejercer el periodismo. Es decir, dejar que hable alguien que no paga pauta ni compra tendencias. Manuel Matos no llamó a ningún influencer —porque para quejarse con filtros y patrocinadores ya hay demasiados—, llamó a periodistas. A los que todavía entienden que una fuente no es un contrato, sino una voz.

Anoche, el presidente de la República detuvo el proyecto minero Romero. No fue un acto de iluminación divina ni de estrategia brillante: fue leer lo obvio. La ley no solo exige permisos ambientales, también exige algo que suele incomodar más que cualquier estudio técnico: licencia social. Traducido: que la gente no esté en contra. Y aquí la gente no estaba simplemente en contra, estaba harta.

El presidente escuchó. Así de simple. Y así de raro.

Vivimos en un ecosistema donde todo tiene precio y casi nada tiene credibilidad. Hoy cualquiera con presupuesto puede fabricar entusiasmo, inflar narrativas y disfrazar publicidad de opinión. Pero hay algo que el dinero todavía no logra comprar del todo: la legitimidad. Y se nota. Se nota cuándo un contenido es pagado, cuándo es pegado… y cuándo intenta ser pegado a punta de billete.

El proyecto Romero no fracasó por falta de promoción; fracasó porque la gente de San Juan —y una parte considerable del país— no se tragó el cuento. No han visto beneficios, pero sí conocen demasiado bien los costos.

Y como aquí no se trata de fe sino de memoria, vale la pena repasar la cronología:

Desde 2005 el Estado empezó a repartir concesiones como quien reparte promesas.
En 2010 se renovaron, porque insistir también es una política.
En 2013 comenzaron los estudios ambientales, descubriendo —sorpresa— que poner una mina cerca de ríos y una presa puede no ser la mejor idea.
Entre 2015 y 2018 el proyecto dejó de ser exploración para convertirse en una intención seria de explotar, con permisos cada vez más afinados.
Y entre 2020 y 2024, lo inevitable: la gente empezó a hacer preguntas incómodas. Agua, agricultura, comunidades… detalles menores cuando el negocio es grande, pero fundamentales cuando se trata de vivir allí.

Lo que el presidente detuvo anoche no está muerto; está en pausa. Y cualquiera que ocupe ese despacho mañana puede intentar revivirlo. La diferencia es que ahora ya se sabe el precio político de hacerlo.

El verdadero problema de la minería en República Dominicana no es ideológico, es empírico: todavía nadie ha podido señalar una comunidad minera que diga “valió la pena”. Si alguien tiene dudas, que se dé una vuelta por Pedernales y pregunte qué dejó Alcoa, además de recuerdos.