El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impulsa una regulación para elevar de 5,000 a 18,000 dólares las sanciones económicas a quienes evadan una orden de expulsión.

Expertos legales señalan que la medida busca ejercer presión psicológica para que las personas utilicen los canales oficiales de la aplicación CBP One. El gobierno federal mantendrá los mecanismos de cobro sobre los activos y propiedades de los afectados que sigan en el país.