El Decreto 8-25, emitido el 9 de enero, establece la destitución de Miguel Mejía de su cargo en el gobierno del presidente Luis Abinader. En su reacción, Mejía destacó que esta decisión forma parte de las atribuciones del mandatario, quien puede prescindir de funcionarios públicos por las razones que considere.
Mejía aseguró que su salida no se debe a un mal manejo de fondos del Estado ni a conductas contrarias a la ética y la moral, sino a la defensa de principios.
Explicó que sus cuestionamientos no se limitan al tema Venezuela, sino que también ha criticado a funcionarios de sectores como el eléctrico, energético, política exterior, equipo económico y una parte del Ministerio Público. Señaló que, en primera instancia, había expresado sus preocupaciones al presidente en privado, pero, al no recibir respuesta, decidió hacerlas públicas.
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