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El Informe con Alicia Ortega
El caso de Transcore Latam está en manos de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), y no solo los representantes de la empresa pudieran enfrentar acusaciones por las graves irregularidades que dice haber encontrado la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Los integrantes del Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, ahora suspendidos y los peritos que evaluaron la obra también, según la DGCP, cometieron violaciones que dieron pie a la adjudicación ahora bajo investigación.
¿Qué sanciones penales y administrativas podrían enfrentar y bajo que artículos de la ley 340 buscan inhabilitar a la empresa y sus dueños de continuar siendo proveedores del Estado?