La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) aclaró que no tiene facultad sancionadora a poderes autónomos y descentralizados, ya que su ámbito de aplicación está fundamentado en el Decreto No. 486-12 que ordena a todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo a ofrecer colaboración plena, entregar informaciones que sean solicitadas, permitir el acceso a los archivos institucionales de ser requerido, y a dar respuesta en tiempo oportuno al ciudadano. (Seguir leyendo…)