En los últimos años la creciente tendencia de los gobiernos a subcontratar servicios de seguridad a empresas privadas ha generado controversia y preocupación en varios sectores de la sociedad.

A primera vista, estas cuestiones pueden parecer un intento legítimo de optimizar la seguridad nacional; sin embargo, bajo la superficie se esconden peligros potenciales para la seguridad del Estado y lo que es más alarmante para los derechos humanos de los ciudadanos.