“Quiero advertir, además, que los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de extinción de dominio, incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento, incurrirán en responsabilidad civil, multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta cinco años de prisión, así como en su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”, sentenció. (Seguir leyendo…)
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