Altagracia Salazar
Todos los medios de comunicación traen hoy una información relativa a las leyes de expresión y difusión del pensamiento y a los proyectos que cursar en el congreso de la República en los que, de alguna u otra manera, los legisladores pretenden normar, ordenar, organizar y de paso cercenar el derecho a la información.
República Dominicana debe ser uno de los lugares con más leyes en ese sentido pero los legisladores quieren más.
En un país donde se llegó a crear desde el estado la más formidable maquinaria de desinformación pública, popularmente identificada como las bocinas, sobre la que ningún legislador se pronunció. La preocupación de diputados y senadores de ahora y de antes es lo que no quieren que se sepa.
En varias ocasiones les mostré a ustedes la llamada letra del día en que desde una oficina gubernamental se le indicaba a la red de comunicadores oficiales el tema del que se debía hablar y la forma en que se debía abordar, incluso las palabras claves que debían usar en los medios electrónicos para luego convertirlas en trending topic en las redes sociales. Eso no se usaba probablemente desde la Alemania de Hitler pero aquí pasó y ni siquiera se ha estudiado.
Ahora cuando la senadora de Bahoruco se ha destapado con el proyecto de ley del derecho al buen nombre desde la presidencia de la República han tenido que salir a decir que el ejecutivo prefiere un proyecto único que reúna toda la legislación especializada.
Extrañamente los profesionales que hemos sido sometidos a la justicia en este esquema hemos sido, en lo fundamental, quienes no caímos ante el esquema que instauró el PLD y hemos sido sometidos o por funcionarios o por gente vinculada a funcionarios. Los escasos casos contrarios han involucrado a gente del mundo del espectáculo o al llamado fenómeno de los influencers.
Las leyes se convirtieron en armas contra gente como Huchi, Nuria, Marino o yo misma. Los jueces no nos condenaron pero pasamos meses gastando tiempo y recursos mientras el estado pagaba lo de los funcionarios demandantes o sus amanuenses.
No voy a hacer la larga lista de pendientes de legislación importante en el congreso esperando la gana de los legisladore. Voy a citar dos: Ley de extinción de dominio y ley de compras y contrataciones. Para esas no hay tiempo.
El periódico El Día cita hoy diez legislaciones que penalizan los llamados delito de palabras, pero el congreso quiere más. Hay mas leyes contra los delitos de opinión que contra robo, estafa y corrupción.
Hay que reírse e insistir en que para nuestros honorables legisladores el problema no es que las cosas pasen sino que se sepan. (Sigue leyendo…)
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