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Altagracia Salazar
En abril pasado las autoridades descubrieron en Los Cazabes un almacén donde miles de kilos de carne podrida y productos vencidos eran «recuperados» para volver al mercado. Más de seis toneladas de carne en estado de descomposición y cerca de veinte toneladas de alimentos vencidos formaban parte de un negocio tan repugnante como rentable.
La nota oficial informó entonces que los responsables identificados lograron escapar y quedaron prófugos. Como suele ocurrir, el escándalo ocupó titulares durante unos días y luego desapareció de la conversación pública. Lo que nunca quedó claro fue si las autoridades lograron desmantelar la estructura criminal o simplemente decomisaron una parte de la mercancía.
Ayer se repitió la historia. Esta vez en San Cristóbal, donde las autoridades encontraron otro almacén dedicado a reetiquetar productos vencidos y preparar carne podrida para su comercialización. La diferencia es que ahora sí encontraron al propietario, a quien describen como reincidente. El nombre no apareció en las informaciones que revisé, pero su rostro sí quedó registrado en video.
Cada vez que surge un caso de este tipo resulta inevitable preguntarse qué tan severo es realmente el castigo para quienes juegan con la salud de miles de personas. Porque para dedicarse una y otra vez a vender alimentos descompuestos tiene que existir la expectativa de que las consecuencias serán mínimas.
Las imágenes del almacén de San Cristóbal son difíciles de olvidar: cucarachas, suciedad, condiciones infrahumanas y toneladas de productos destinados al consumo humano. Mientras los funcionarios caminaban entre insectos y desperdicios, era imposible no pensar en cuántas personas habrán enfermado por consumir mercancías salidas de ese lugar.
Lo más inquietante es que estos casos no parecen excepciones. Uno abastecía pequeños comerciantes; el otro suplía el mercado local. Eso indica que detrás de cada decomiso podría existir una red más amplia que convierte basura en alimentos y enfermedad en ganancias.
La pregunta ya no es cuántas toneladas de carne podrida han sido decomisadas. La verdadera pregunta es cuántos almacenes como estos siguen operando hoy mismo en la República Dominicana sin que nadie los haya descubierto todavía.