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Altagracia Salazar
Tan vieja como la República, la Cámara de Cuentas siempre ha estado ahí… aunque para la mayoría de los ciudadanos haya sido poco más que un mueble institucional: visible, pero irrelevante.

Rara vez ha ocupado un lugar protagónico en la vida pública, salvo aquel breve momento de gloria hace cinco años, cuando sus “investigaciones especiales” —porque auditorías, lo que se dice auditorías, no eran— sirvieron de antesala para los grandes expedientes de corrupción del Ministerio Público.
Después de ese efímero estrellato, y en medio del incómodo ruido provocado por los vínculos de algunos de sus miembros con figuras investigadas, llegó un nuevo pleno. Uno con fuertes lazos académicos, especialmente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como si el pedigrí universitario bastara para blindar la credibilidad.
Muchos temíamos, con razón, que este pleno seguiría la tradición: producir auditorías de bajo voltaje y alto olvido. Pero no. Esta semana decidieron hacerse notar… con un aumento salarial.
Y aquí viene lo interesante: en un país donde la mayoría sobrevive con menos de 40 mil pesos, no escandaliza que un funcionario gane más de 800 mil. Esa ya es una anomalía normalizada. El problema nunca fue el monto. El problema, como casi siempre, es la forma… o más bien, la falta de ella.
Hoy, Diario Libre nos informa que, en una carta al presidente del Senado, la presidenta del órgano deja sin efecto el aumento. El presidente del Senado, en un arranque casi pedagógico, lo define como un “mea culpa”. Para quien necesite traducción: “por mi culpa”. O en buen dominicano: metimos la pata.
Ahora bien, la pregunta incómoda sigue en el aire: ¿el error fue aumentarse el sueldo… o que la resolución —con número y todo— simplemente no apareciera en el portal de transparencia?
Porque ocultar un acto administrativo no suele ser un gesto inocente. Más bien sugiere que, al menos para alguien, había algo que esconder. Y si no lo había, peor todavía: demuestra una alarmante desconexión con el momento que vive el país.
Si hay una institución obligada a cuidar las formas, es precisamente la que vigila las formas de los demás. Ese es, en teoría, el trabajo de la Cámara de Cuentas. En la práctica, parece que también necesitan supervisión.
El golpe a la credibilidad es innegable. Y recuperarla no será cuestión de emitir cartas ni de ensayar latines. Porque aunque el dinero importe, lo que realmente pesa es la opacidad. Y en una institución que debería iluminar, eso no es un detalle menor: es el problema.