Altagracia Salazar
La licitación para comprar gomitas vitaminadas anunciada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil —para beneficiar a más de 70 mil estudiantes— duró menos de 24 horas. Menos que una historia de Instagram.

La explicación oficial para la suspensión es de antología burocrática: que buscan “introducir mejoras en los aspectos técnicos y económicos” para garantizar una contratación más eficiente. pero, la traducción podría ser : salieron corriendo antes de que alguien mirara demasiado de cerca.

Y ojo, el plan en sí no es el problema. Suplementar la alimentación de estudiantes con deficiencias nutricionales es necesario. De hecho, en la subregión Enriquillo hay datos serios: un estudio de 2023 señalaba que alrededor del 30% de los estudiantes enfrenta problemas de obesidad o desnutrición. O sea, la necesidad existe.

El problema es otro: la improvisación convertida en política pública.

Ayer mismo, tras discutir el tema, hicimos una solicitud amparada en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública para saber cosas básicas: ¿Cuál es el estudio que sustenta el programa? ¿Quiénes son los suplidores? ¿Cómo se implementaría la suplementación?¿Dónde exactamente?

Pero esa solicitud nació muerta. La licitación se canceló antes de que alguien tuviera que responder.

Entonces queda la pregunta incómoda: ¿por qué anunciar un programa que no está listo para sobrevivir ni un día?

En las instituciones públicas dominicanas parece que primero se lanza el titular… y después, si acaso, se piensa el proyecto.

Porque si esto no fue improvisación, entonces fue peor: un globo de ensayo a ver si subía… o si el maco pasaba sin que nadie lo viera.