Altagracia Salazar
No hay que hacerse ilusiones con los casos de corrupción en la justicia dominicana porque la historia es un catálogo de decepciones. Aquí los expedientes suelen envejecer mejor que los imputados y las condenas son tan escasas que casi califican como fenómeno paranormal. Pero, hay que admitirlo, en los últimos días han pasado cosas que obligan, por lo menos, a levantar una ceja.
Anda medio país discutiendo si los 20 años que pide el Ministerio Público para Adán Cáceres son mucho o poco y si la pastora Rossy es cómplice o simple espectadora con sotana. Yo, sinceramente, no recuerdo haber visto un testaferro preso en la República Dominicana. Aquí el testaferro es una especie protegida: aparece en los expedientes, pero desaparece en las sentencias.
Y deberían estar de moda, sobre todo después del regalo judicial que el TSA le hizo a los Gadala María, una decisión que le pasó la cuenta al Estado y, de paso, al bolsillo de todos nosotros. Pero ni siquiera eso ha servido para poner el reflector donde duele.
El país cambió. Lo he dicho hasta el cansancio. El problema es que los que toman decisiones políticas siguen actuando como si la gente fuera la misma de hace veinte años, cuando bastaba un titular bonito para tapar un saqueo.
Hoy hay algo distinto: el hartazgo colectivo. La gente quiere ver consecuencias. No encuestas, no titulares, no discursos moralistas. Consecuencias.
Las ofensivas mediáticas para lavar reputaciones ya no tienen el mismo efecto anestésico. Siguen siendo ruidosas, siguen siendo millonarias, pero ya no son todopoderosas. El país aprendió a sospechar.
Aquí llevamos años viendo campañas contra el Ministerio Público y, más recientemente, una operación de descrédito contra un juez que tomó una decisión incómoda para siete imputados que todavía no sabemos si son culpables, pero sí sabemos que cuando salieron de SENASA dejaron un boquete de 15 mil millones de pesos. Ese dinero no se evaporó por obra del Espíritu Santo.
Un periódico publicó la sentencia del juez Rigoberto Sena como si fuera un artículo de opinión, y el colmo fue que un comité de ética intentó amonestar al juez por lo que hizo el periódico. Eso no es surrealismo, eso es República Dominicana en horario estelar.
Por eso la decisión de la Corte ratificando los 18 meses de coerción no solo sostiene la medida. También es un recordatorio, con lenguaje jurídico y sin estridencias, de que los tribunales no están para hacer relaciones públicas ni para complacer presiones mediáticas.
Conviene escuchar lo que dijo la Corte porque, aunque uno no sea abogado, hay decisiones que hablan más claro que muchos comentaristas pagados.
Después de todo, en este país donde el dinero suele hablar más alto que la ley, cada vez que la justicia levanta la voz, hay que poner atención. Porque no pasa muy seguido.
¿Tú que opinas? Cuéntalo aquí:
