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Altagracia Salazar
Si la importancia de una noticia se midiera por la cantidad de gente a la que afecta, la más relevante de la República Dominicana no es ni Venezuela ni la politiquería cotidiana: es que ayer, tarde, se sentaron en una mesa el director del SENASA y el del Servicio Nacional de Salud para “optimizar coberturas y servicios”.
Optimizar.
Después del desastre.
En esa mesa técnica —que ahora aparece como novedad— participarían el SNS, SENASA, el Ministerio de Salud y PROMESE. Exactamente las mismas instituciones que debieron coordinarse siempre, no después de que estallara un escándalo de corrupción.
Siete millones de dominicanos están afiliados al SENASA. De esos, cuatro millones dependen de hospitales públicos administrados por el SNS. Cuatro millones. No es un número: es medio país pobre, enfermo y sin plan B.
La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora?
La respuesta está en el expediente. Parte de lo que ha salido a flote en el caso SENASA es que el exdirector ahogó a los hospitales públicos mientras engordaba intereses privados. A clínicas privadas se les pagaba una capita de 130 pesos usaran o no el servicio. A los hospitales públicos se les reconocían 22 pesos por servicios documentados, y muchas veces tarde, mal o nunca.
Negocio redondo: pagar más por no hacer nada y pagar menos por salvar vidas.
Algunas de esas clínicas, además, facturaron sin detallar servicios específicos. Es decir: cobrar sin explicar, la versión sanitaria del “confíe en mí”.
Y entonces una se pregunta —otra vez— por qué el Estado dominicano es incapaz de funcionar en función del interés público. Por qué cada institución opera como una isla de poder, con presupuesto propio, agenda propia y ningún pudor, aunque el daño lo paguen los mismos de siempre.
A Luis Abinader le quedan tres años de gobierno. Si no logra que el Estado funcione para las mayorías, no habrá discurso que lo salve. Gobernar no es inaugurar mesas técnicas cuando ya se robaron la comida.
Mientras tanto, en el PRM algunos actúan como si nada pasara: vino, risas y autocomplacencia en plena crisis de imagen, creyendo que el 2028 será un paseo cuando ya las encuestas murmuran doble vuelta.
Ojalá esta mesa funcione.
No para salvar al gobierno.
No para lavar culpas.
Sino para que los usuarios —los que hacen filas, los que cargan recetas imposibles, los que no tienen clínica privada— no sigan pagando el precio de la corrupción con su salud.
Porque cuando el Estado falla en la salud, todo lo demás es cuento.
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