Con la promulgación de la Ley 63-17, en febrero del 2017, muchos sectores tenían la expectativa de que, además de desaparecer la diversidad de instituciones con un cometido similar en el tránsito, también se implementarían políticas que acabarían con la inseguridad vial. Seis años después de la normativa, transitar por las carreteras dominicanas sigue conllevando un riesgo fatal, con números de fallecidos al año que superan por mucho los 2,000 y, algunas veces, los 3,000. (Seguir leyendo…)
