Altagracia Salazar
El asesinato de tres personas, una de ellas con fuertes vínculos con este espacio, en Estero Hondo, Villa Isabela, Puerto Plata es un acto de barbarie que debe ser respondido rápidamente por la autoridades.
La indignación que ha generado en el que turbas han incendiado ranchos de haitianos en esa comunidad es la misma barbarie pero sin nombre. La turba es el refugio del violento que al propio tiempo es cobarde.
Las primeras informaciones sobre el hecho indican que un haitiano apodado Blanco recién contratado por el ganadero Juan José Soto fue el autor de una matanza a punta de cuchillo. Un asesinato vil y alevoso dado que se trataba de personas con poca posibilidad de defenderse.
Quemar las casas de los otros haitianos de la zona ante un hecho de esta naturaleza no es una novedad ha pasado varias veces en la línea noroeste en donde son comunes las rancherías de haitianos que trabajan en la producción agrícola de manera permanente.
El gobierno dominicano debe crear algún mecanismo que proteja a sus ciudadanos de acciones de esa naturaleza y que al propio tiempo tome en cuenta la realidad de que no hay mano de obra nacional para la agropecuaria. No hay un dominicano que bregue con vacas, con arroz, que recoja café o cacao. No hay un dominicano que limpie las granjas de pollos o que quiera pegar un block. No es un problema económico simplemente nuestros nacionales no quieren esos trabajos.
Eso lleva a empresarios grandes medianos y pequeños a contratar haitianos que son simplemente desconocidos.
La información que hay sobre el hecho indican que el responsable del triple homicidio llevaba apenas semanas en el trabajo y lo único que se sabe de la persona es que le llamaban Blanco.
El haitiano contratado en la zona rural que muchas veces vive en la casa de su patrón no tiene ninguna referencia. Pero el patrón que lo necesita para mantener la producción de su finca no tiene plan B, lo contrata o deja de producir lo que sea.
La hipocresía exacerbada por el patrioterismo tiene un alto costo económico para el país y pone incluso a los gobernantes a hablar chachara.
La ley dominicana establece que el 80% de la fuerza laboral de una empresa debe ser dominicana y el 20% extranjera, la ultima vez que se habló de eso fue el año pasado. Precisamente en octubre. Cuando el gobierno hizo una alharaca de las que se hacen cíclicamente y no pasó nada. Los empresarios agrícolas más importantes se reunieron con el presidente y le dijeron que buscara el 80% que ellos buscaban el 20. Ahí terminó la medida.
La informalidad de la contratación de esa mano de obra es un riesgo para quienes la necesitan no para quien promueve el rechazo desde las redes sociales y los medios de comunicación. La responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos es del gobierno.
El gobierno dominicano o regula el uso de esa fuerza laboral para una contratación segura o deja los campos dominicanos yermos por falta de mano de obra como ya están Cuba, Puerto Rico y Jamaica.
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